Cuando se habla de Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial, existe un debate sobre la necesidad de legislar/regular o no sobre estos temas. Si partimos de la base que la responsabilidad social es: “Integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” (Libro Verde, 2001); o según el foro de expertos de RSE (2005): “Es además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y su gestión, en su estrategia, política y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones. Una empresa es socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés”. Desde este punto de vista a lo mejor no no tiene mucho sentido legislar o regular sobre este tema, y lo necesario es trabajar en la sensibilización de las empresas, administraciones públicas y los ciudadanos para que puedan exigirla o promoverla.
En estos últimos tiempos han surgido iniciativas en esta línea que hay que tener en consideración como son la futura Ley de responsabilidad social de Extremadura o en Colombia, la aprobación y puesta en marcha de la norma ISO 26.000, la Ley de economía sostenible, o también los esfuerzos de la comisión europea por abrir el debate y la opinión a todos los ciudadanos.
Sin embargo, mientras que se discute sobre todo esto, en España sigue habiendo un amplio número de empresas que incumplen la legislación, como la LISMI, que tiene que ver con la obligación de las empresas para integrar personas con discapacidad, o seguimos encontrando empresas que venden su responsabilidad social en Europa y paralelamente incumplen sus compromisos en países subdesarrollados o en desarrollo.
De cómo comunican y venden su responsabilidad social las empresas e instituciones ya se ha empezado escribir, pero lo realmente relevante es cómo pueden las organizaciones sociales sensibilizar a los ciudadanos para que elijan empresas responsables; como pueden concienciar a las administraciones públicas para que apoyen a las empresas responsables en la licitaciones públicas (cláusulas sociales); y de cómo convencer a las empresas de que apostar en la responsabilidad social es la mejor baza para su futuro.
José María Herranz
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